El dossier “Los Invasores” identifica a 42 políticos y familiares con fincas incidentes en territorios indígenas, incluyendo un senador, dos diputados federales, un gobernador y tres alcaldes; lobistas del sector agroganadero y el ex presidente Jair Bolsonaro recibieron donaciones de empresarios con propiedades sobre tierras indígenas
Por Luís Indriunas
Cuarenta y dos políticos y sus parientes de primer grado poseen propiedades rurales que se superponen a tierras indígenas (TIs), totalizando 96.000 hectáreas – el equivalente a la suma de las áreas urbanas de Río de Janeiro y Belo Horizonte. La información procede del dossier “Los invasores: parlamentarios y sus financiadores tienen superposiciones en tierras indígenas en Brasil“, elaborado por Agribusiness Watch a partir del cruce de las bases de datos de tierras del Instituto Nacional de Colonización y Reforma Agraria (Incra) y de la Fundación Nacional de los Pueblos Indígenas (Funai), con información del Tribunal Superior Electoral (TSE).
El documento fue divulgado en junio y muestra los nombres de 18 líderes rurales financiados por empresarios con superposiciones. El dossier es el resultado de una investigación de más de seis meses, que involucró a profesionales de diversas áreas del conocimiento – Geografía, Historia, Agronomía, Derecho y Periodismo – y se presenta en un contexto de presión contra los derechos de los pueblos rurales en el Congreso, con la instalación de la Comisión Parlamentaria de Investigación (CPI) sobre el Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra (MST) y la aprobación del Proyecto de Ley nº 490/2007, que establece el Marco Temporal para la demarcación de las tierras indígenas, ambos en la Cámara.
El informe también señala a tres congresistas que poseen fincas en tierras indígenas registradas a nombre de sus empresas: el senador Jaime Bagattoli (PL-RO) y los diputados Dilceu Sperafico (PP-PR) y Newton Cardoso Júnior (MDB-MG). Los tres son miembros del Frente Parlamentario del Agronegocio (FPA).
“Si los parlamentarios quieren debatir seriamente las invasiones de tierras en Brasil, tienen que entender quién declara fincas en territorios indígenas”, afirma Alceu Luís Castilho, director de Agribusiness Watch. “La desigualdad de ingresos va de la mano de la desigualdad de tierras y la sociedad tiene derecho a saber cómo se apropia la tierra en este país”.
El informe completo está disponible aquí.
AGRICULTORES CON SUPERPOSICIONES FINANCIARON A RURALISTAS Y BOLSONARO
La primera parte del dossier, divulgada el 19 de abril, señalaba los nombres de empresas nacionales y extranjeras entre las 1.692 explotaciones superpuestas en 213 tierras indígenas, que sumaban 1,18 millones de hectáreas, una extensión igual a la del territorio de Líbano. En la segunda parte, el equipo del observatorio rastreó cuáles de estos socios hicieron donaciones a políticos en las campañas de 2022; en el caso de 54 de los 81 senadores, también de 2018.
Dieciocho miembros del Frente Parlamentario del Agronegocio (FPA) recibieron 3,6 millones de reales en donaciones de campaña de estos invasores. Entre ellos se encuentran el presidente del frente, Pedro Lupion (PP-PR), los vicepresidentes Arnaldo Jardim (Cidadania-SP) y Evair Vieira de Melo (PP-ES), la coordinadora política Tereza Cristina (PL-MS), ex ministra de Agricultura, y otros ocho directores.
Otro punto destacado del informe son los invasores que invirtieron fuertemente en la candidatura derrotada de Jair Bolsonaro (PL) para la reelección. En conjunto, 41 ganaderos superpuestos donaron BRL 1,2 millones a su campaña. Controlan un área de 107.847,99 hectáreas, impactando 23 áreas demarcadas por la Funai.
SENADOR TIENE FINCA EN ZONA DE PUEBLOS INDÍGENAS ISOLADOS
En noviembre de 2007, los antiguos propietarios de una finca que ahora pertenece al senador Jaime Maximino Bagattoli (PL-RO) registraron una superficie de 2.591,76 hectáreas dentro de la Tierra Indígena Rio Omerê, en Corumbiara (RO), donde vive el pueblo Akuntsu y los cinco remanentes de los Kanoê, que se aislaron voluntariamente de los no indígenas. La tierra había sido homologada en abril de 2006.
Jaime Bagattolli y su hermano Orlando adquirieron la finca en 2011, mediante el embargo de una deuda contraída por los anteriores propietarios, la familia Junqueira Cleto, propietaria de la empresa São José Jacuri Agropecuária. En 1986, la familia acudió a los tribunales para impedir que se declarase la restricción de uso de la Tierra Indígena del Río Omerê, alegando que no había presencia indígena en la zona.
Con un patrimonio declarado de más de R$ 55 millones, el senador por Rondônia es natural de José Boiteux (SC). Es propietario del Grupo Bagattoli, con sede en Vilhena (RO), que incluye la Transportadora Giomila, las gasolineras Rede Catarinense y varias explotaciones agrícolas centradas en la plantación de soja y la cría de ganado.
Miembro del FPA, el político fue elegido defendiendo la explotación económica de las tierras indígenas y la “regularización de tierras” amazónicas sin registro definitivo. El 19 de abril, Día de los Pueblos Indígenas, Bagattoli propuso dos proyectos de ley: el primero pretende garantizar a los propietarios el derecho a “solicitar directamente el uso de la fuerza policial para desalojar a los invasores, independientemente de una orden judicial”, y el segundo modifica el Código Penal para incluir la ocupación de propiedades rurales en la sección de delitos contra la propiedad.
Aún con tan escandaloso conflicto de intereses, corresponderá al senador Jaime Bagattoli evaluar el PL 490/2007, sobre el Marco Temporal – que pasará por el Senado, después de haber sido aprobado el 30 de mayo en la Cámara. Si es aprobado y sancionado por el Presidente Lula, el proyecto beneficiará directamente los negocios del político.
Vea en el mapa abajo la superposición identificada en nombre de Transportadora Giomila:
DIPUTADO DE MINAS GERAIS TIENE FINCA DENTRO DE LA TI KAXIXÓ
Newton Cardoso Júnior (MDB-MG), uno de los 27 directores de la FPA, es socio con su padre, el ex gobernador Newton Cardoso (conocido como Newtão), de la Companhia Siderúrgica Pitangui, una empresa que reclama varias fincas en el norte de Minas Gerais. La empresa aparece en los registros del Incra como propietaria de las haciendas Crisciúma y Capão, en Martinho Campos (MG). Las dos se superponen completamente al territorio del pueblo indígena Kaxixó: la primera con 460,20 hectáreas, la segunda con 373,84.
Históricamente, el diputado de Minas Gerais está vinculado a la defensa de los sectores siderúrgico y forestal, además de mantener una empresa ganadera. Con sus empresas debiendo R$ 190,6 millones a la Unión, Newton Cardoso Jr. fue relator de la Medida Provisoria que cambió las reglas del Programa de Recuperación Fiscal (Refis) en 2017, durante el gobierno Temer. También fue autor de un proyecto que propone poner fin a la obligación de licencia ambiental previa y estudios de impacto para las áreas de reforestación.
En el norte de Minas Gerais, cerca de la frontera con Bahía, él y su padre poseen fincas de reforestación. La siderúrgica de la familia utiliza carbón vegetal procedente de la reforestación de eucaliptos en estas fincas.
En 2017, una vez más legislando a favor de su propia causa, Newton Cardoso Jr. votó a favor de la Medida Provisional 759, conocida como “Grilagem MP”, que daba resquicios para la legalización de áreas públicas invadidas.
DILCEU SPERAFICO PROTAGONIZA CONFLICTOS CON EL PUEBLO GUARANÍ KAIOWÁ
El diputado Dilceu Sperafico (PP-PR) es propietario, junto con sus hermanos, de la hacienda Maracay, de 4.418 hectáreas, en Amambaí (MS). El área de plantación de soja va más allá de la frontera de TI Iguatemipegua I, reclamada por el pueblo guaraní kaiowá.
Valorada en 92,9 millones de reales, la propiedad está embargada para pagar las deudas acumuladas por la familia. En recuperación judicial, el Grupo Sperafico vende soja, maíz, trigo y derivados de sus propiedades repartidas por Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Pará y Tocantins. En 2019, Dilceu debía R$ 129 millones en impuestos a la Unión, el pasivo de la empresa ascendía a más de mil millones de reales.
En la misma región del conflicto, en 2007, un autobús del grupo Sperafico prestó apoyo logístico a un ataque armado contra la comunidad indígena Kurussu Ambá. Este ataque culminó con el asesinato de una indígena guaraní kaiowá de 73 años. Según el Consejo Indigenista Misionero (CIMI), el cuerpo de la víctima fue subido al autobús y abandonado a un lado de la autopista MS-289, en Coronel Sapucaia (MS).
En su séptimo mandato en la Cámara de Diputados, Sperafico (PP-PR) es uno de los principales defensores de la Propuesta de Enmienda a la Constitución (PEC), de 2000, que pretendía delegar al Legislativo la atribución de demarcar nuevos territorios indígenas y revocar homologaciones ya realizadas. La propuesta fue finalmente incorporada al proyecto de ley de Marco Temporal.
FAMILIA DEL GOBERNADOR RATINHO JR. DISPUTA TIERRAS CON INDÍGENAS EN ACRE
La familia del gobernador de Paraná, Ratinho Júnior (PSD), es propietaria de un megalatifundio en Acre, que se encuentra dentro de los límites del TI Kaxinawá de Praia do Carapanã, en el municipio de Tarauacá, cerca a la frontera con el Perú. La familia disputa el área, regularizada desde 2001, que abarca 13,82 hectáreas en las tierras del pueblo Huni Kuin, también conocido como Kaxinawá, además de disputar territorio con los ocupantes ilegales que permanecieron en la región tras la disolución de las plantaciones de caucho.
Su padre, Ratinho, compró las tierras en 2002, tras pagar unos R$ 330.000 a la Companhia Paranaense de Colonização Agropecuária e Industrial do Acre (Paranacre), señalada como principal promotora del acaparamiento de tierras en la región. El área está registrada a nombre de Agropecuária RGM, una sociedad entre el presentador y sus otros dos hijos.
En la región, Ratinho tiene un historial de conflictos contra las comunidades indígenas locales -especialmente los Yawanawá-, que se resisten al interés del presentador por establecer un gran proyecto maderero en la Amazonia.
Además de capital político, la familia ha acumulado una fortuna a lo largo de los años, valorada en R$ 530 millones. La familia de Ratinho posee su propia emisora de radio y televisión en Paraná, Rede Massa, y 19 fincas en todo el país, donde invierte en ganado y en la plantación de soja, maíz y café.
Próximo a las agendas ruralistas, Ratinho Jr. se reunió en abril con miembros de la FPA para discutir “invasiones de tierras” y acciones de recuperación.
ALCALDES AL MANDO DE FINCAS EN TIERRAS INDÍGENAS
Tres alcaldes y dos tenientes de alcalde de municipios del Sureste y el Medio Oeste figuran en la lista de fincas que se solapan con tierras indígenas. Se suman a decenas de otros jefes municipales con este tipo de incidencias.
El padre del alcalde Bruno Margotto Marianelli (Republicanos), de Linhares (ES), Zilmar, es propietario de una finca que abarca 273,27 hectáreas de la Tierra Indígena Comexatibá, en Bahia.
El hijo del alcalde Carlos Alberto Capeletti (PSD), de Tapurah (MT), es uno de los socios de Melhoramentos Agropecuários Tapurah, propietaria de la segunda mayor superposición registrada en el país: la Fazenda Uga-Uga avanza sobre 47.000 hectáreas de la Tierra Indígena Manoki y ocupa el 18% del área demarcada.
El alcalde de Campos de Júlio (MT), Irineu Marcos Parmeggiani (Patri), es propietario de la Hacienda Santo Reis, que linda con la Tierra Indígena Vale do Guaporé del pueblo Nambikwara.
Dos tenientes de alcalde con mandato en 2023 avanzan sobre la Tierra Indígena Paresi: Claudio José Scariote (Podemos), de Sapezal (MT), y Zé Roberto Arcoverde (MDB), de Iguatemi (MS). Arcoverde fue alcalde de Iguatemi en otros dos mandatos. Es en este municipio que su hermana y socia Ana Paula declara casi 2.000 hectáreas superpuestas a la Tierra Indígena Iguatemipeguá I, del pueblo Guaraní Kaiowá.
Otros 23 ex alcaldes y ex vicealcaldes tienen superposiciones en TI señaladas en el informe.
MATO GROSSO DO SUL CONCENTRA A POLÍTICOS CON SUPERPOSICIONES
Dueño de la mayor desigualdad de tierras del país, con 92% de las tierras agrícolas en manos privadas, Mato Grosso do Sul lidera el ranking general de superposición de haciendas en tierras indígenas registrado por el proyecto “Los Invasores”: acumula 630 de los 1.692 casos analizados. Y concentra el mayor número de políticos implicados en disputas territoriales contra pueblos indígenas.
De las 42 zonas en TI cuyos titulares son políticos (o sus familiares de primer grado), 17 están en el Estado. El caso de la familia Pedrossian es ilustrativo. Liderado por el patriarca, el ex gobernador Pedro Pedrossian, el clan está en su tercera generación de políticos, con el diputado estatal Pedrossian Neto (PSD-MS), elegido en 2022.
Ganadero y criador de ganado Nelore, Pedrossian era propietario de la hacienda Petrópolis, de 2.250 hectáreas. Los datos del Incra muestran que 1.172,81 hectáreas se extienden en la Tierra Indígena Cachoeirinha. El patriarca murió en 2017 y la propiedad pasó a manos de sus hijos, Pedro Paulo Pedrossian y Regina Maura Pedrossian. Ambos ya estaban implicados en varias acciones de desposesión contra el pueblo terena, interpuestas entre 2008 y 2018, en las que reclamaban el desalojo de las familias que ocupaban partes de la finca. Pedro Paulo es el padre del diputado estatal Pedrossian Neto. Socia de la hacienda y de Agropecuária Petrópolis, Regina donó 1.000 reales a la campaña de Bolsonaro en 2022.
El dossier “Los invasores: parlamentarios y sus financiadores tienen superposiciones en tierras indígenas en Brasil” muestra la participación directa de otros políticos de Mato Grosso do Sul. El diputado Zé Teixeira (PSDB), el ex secretario Ricardo Bacha (Ciudadanía) y la abogada Luana Ruiz -con libre tránsito en el FPA- son protagonistas de conflictos territoriales con los pueblos guaraní kaiowá y terena.
Personaje central de la película “Viento en la Frontera”, Luana es heredera de los propietarios de la Hacienda Fronteira, que se superpone a la Tierra Indígena Ñande Ru Marangatu y fue escenario de los asesinatos de Simião Vilhalva en 2015, Dorvalino da Rocha en 2005 y Marçal de Souza Tupã-i en 1983.
Fue llamada en 2018 para formar parte del equipo de transición del Gobierno de Bolsonaro, a petición de la ex ministra Tereza Cristina. Ocupó el cargo de subsecretaria de Asuntos de la Tierra en el Ministerio de Agricultura, justo por debajo del expresidente de la Unión Democrática Rural (UDR), Luiz Antonio Nabhan Garcia.
Junto con su marido, Luana Ruiz actúa en acciones de recuperación y demandas judiciales que impugnan la demarcación de tierras indígenas basada en el marco temporal. En total, Agribusiness Watch identificó a 17 propietarios de fincas que se superponen a tierras indígenas y que fueron representados legalmente por la abogada. Dos de ellos hicieron donaciones a la campaña del abogado para la Cámara de Diputados.
EL OBSERVATORIO DESTACA CASOS EN UNA SERIE DE INFORMES
Las 1.692 superposiciones de tierras indígenas reveladas por el proyecto “Los invasores” demuestran que la violación de los derechos indígenas no es un mero subproducto del capitalismo agrario. Detrás de esta política de expansión desenfrenada sobre extensiones de tierra están algunos de los principales dirigentes del agronegocio.
Esta interrelación política no sólo se da en el poder legislativo. Ocupan cargos públicos en los tres poderes del Estado, garantizando el mantenimiento del sistema político ruralista vigente en Brasil desde hace al menos dos siglos.
Vea a continuación el vídeo de lanzamiento de la segunda parte del informe:
Los casos descritos en la investigación también están siendo explorados en una serie de vídeos e informes por este observatorio. Con detalles -muchos de ellos complementarios al dossier- sobre las principales tramas empresariales y políticas que conectan los “trajes”, en cada sector económico, legal o ilegal.
| Luís Indriunas es editor y guionista en Agribusiness Watch. |
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