No son sólo las tierras en el Paraguay que despiertan la codicia de los brasileños. El país tiene importancia geopolítica en lo que se refiere a la logística, al flujo de los productos. Los proyectos de expansión regional del agronegocio pasan también por tierras paraguayas. Sean ellos de los latifundistas y del gobierno del Brasil, sean los planes continentales de la Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional Suramericana (IIRSA).
Sin acceso al mar, los exportadores paraguayos dependen de la infraestructura del transporte fluvial para el flujo de su producción. El país se consolidó como uno de los principales productores mundiales de commodities agrícolas; es el 4º mayor exportador de soja y el 6º en carne bovina; pero todavía se enfrenta a enormes puntos de estrangulamiento en la cadena logística.
Según la Cámara Paraguaya de Exportadores y Comercializadores de Cereales y Oleaginosas (Capeco), que controla diversas terminales portuarias, el 90% de las exportaciones de soja del Paraguay son transportadas por barcazas fluviales hasta los puertos marítimos de la Argentina. La excesiva dependencia logística en relación a los argentinos fue uno de los factores que determinó la aproximación política y económica entre el Paraguay y el Brasil, como vimos el día 10: “Ditadura de Stroessner marcó la ofensiva brasileña por tierras”.
Aún en los años 80, los gobiernos paraguayo y brasileño firmaron un acuerdo para instalar una terminal de granos controlado por la Administración Nacional de Navegación y Puertos del Paraguay (ANNP) en el puerto brasileño de Paranaguá, a 743 km de Ciudad del Este, en la Triple Frontera. El objetivo era desaguar a través del Brasil parte de la producción de la soja paraguaya.
El proyecto nunca despegó. El alto costo del transporte por carretera y una larga disputa jurídica por el control de la concesión del terminal hicieron inviable la exportación desde Paranaguá. Sin embargo, el Brasil insiste en vender esta opción a los paraguayos. ¿Con qué intereses?
LA DISPUTA POR PARANAGUÁ
La terminal paraguaya instalada en el puerto de Paranaguá fue controlada por 25 años por un consorcio internacional formado entre Capeco y la empresa brasileña Armazéns Gerais Transporte e Logística (AGTL). Capeco es la mayor asociación de productores de granos del Paraguay, controlada por el grupo político vinculado al brasileño – empresario y mega latifundista – Tranquilo Favero.
Con capacidad para transportar hasta 90 mil toneladas de granos por año, la terminal es de interés estratégico para el flujo de la soja paraguaya. Pero es obsoleto. La falta de mantenimiento por parte del consorcio Capeco-AGTL hizo con que, en 2011, hubiera una suspensión temporal. Las reformas necesarias para la adaptación jamás se realizaron, llevando al embargo de las actividades de la terminal hasta que una nueva licitación fuera realizada.
Esta licitación, sin embargo, está envuelta en acusaciones de corrupción por parte de la autoridad portuaria paraguaya. José Bogarín, director de Capeco, expresó que la ANNP solicitó coima para asegurar su victoria en el contrato. El consorcio Capeco-AGTL quedó fuera del proceso. Las sospechas aumentaron cuando se constató que el grupo vencedor, Consorcio Mercosur, no poseía los requisitos mínimos exigidos en la convocatoria.
Con el impase, el consorcio Capeco-AGTL se negó a entregar la terminal, bajo la afirmación de que había realizado inversiones estructurales por valor de 9 millones de dólares. Y pidió indemnización al Estado paraguayo. Durante cuatro años, hubo una intensa disputa judicial, resuelta en 2015 con una orden de reintegración de posesión en favor de la ANNP y del Consorcio Mercosur.
En ese intervalo, las exportaciones de la soja por el Puerto de Paranaguá desabaron. Pero el gobierno brasileño no desistió de la idea.
PARAGUAY EN EL CENTRO DEL PLAN IIRSA
Creada en el año 2000, la Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional Suramericana (IIRSA) es el más ambicioso plan de integración regional en la historia del continente. Financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social de Brasil (BNDES) y otros bancos de fomento sudamericanos, prevé la interconexión de cadenas logísticas nacionales e internacionales con el objetivo de reducir los costos logísticos y aumentar las exportaciones.
De los ocho ejes de integración desarrollados por la IIRSA, dos incluyen directamente al Brasil y al Paraguay.
Paralizada desde 2002 debido a divergencias en relación a los estudios de impacto ambiental, la Hidrovía Paraguay-Paraná busca conectar la ciudad brasileña de Cáceres a Nueva Palmira, en el Uruguay, pasando por Corumbá y Asunción. Se espera viabilizar el flujo de commodities del Mato Grosso y del oeste paulista – parte del enclave sojero brasileño – por los ríos Paraguay y Paraná. El Paraguay como un atajo para las exportaciones brasileñas.
Más amplio, el Corredor Ferroviario Bioceánico Paranaguá-Antofagasta tiene como objetivo activar la red ferroviaria entre Chile, Argentina, Paraguay y Brasil para crear un corredor logístico que una los océanos Pacifico y Atlántico, ampliando el volumen de cargas en el puerto de Paranaguá. El proyecto, sin embargo, ha sido objeto de disputas regionales en el Brasil.
En el 2009, el BNDES ha encargado un estudio que identificó la ruta Antofagasta-Paranaguá como la mejor opción en términos económicos. El costo total corresponde a una quinta parte del valor estimado para la segunda opción, entre el puerto brasileño de Santos e Ilo, en el Perú. A pesar de haber costado R$ 6 milllones, el estudio fue ignorado y el proyecto del corredor Antofagasta-Paranaguá está paralizado. Mucho en función de denuncias de corrupción y nepotismo cruzado en la administración portuaria de Paranaguá.
NUEVOS DUEÑOS, VIEJOS NEGOCIOS
El Consorcio Mercosur está formado por la empresa paraguaya Diagro S/A y la brasileña Cimbessul S/A. Diagro está formada por dos socios brasileños y será figura constante a lo largo de la serie Paraguay en la Mira. También estará presente en los capítulos Fronteras y Las Corporaciones.
Cimbessul fue fundada por el empresario Albino Tramujas, que en 1988 se postuló para Intendente de la ciudad de Paranaguá. Murió en 2016. Mario Alberto Chaise de Camargo asumió la presidencia de la empresa. Presidente del Consejo de Desarrollo Económico y Social de Foz de Iguazú, es una figura conocida en los negocios de la frontera.
Su nombre aparece también en el testimonio de Luciano Serpa Chitolina a la Polícia Federal de Brasil en julio de 2015. Segundo Serpa, Camargo interfirió para que los servicios de tratamiento fitosanitario para la importación y exportación de productos agrícolas a través del puerto de Paranaguá pudieran ser realizados también en el Paraguay.
El cambio facilitó la entrada al Brasil de productos sin tratamientos contra plagas. Camargo es acusado también de pagar, en conjunto a Capeco, una “comisión” al Superintendente Regional de Agricultura en el Estado de Paraná por haber conseguido desplazar la fiscalización hacia el interior del Paraguay.