Mientras la frontera entre Mato Grosso do Sul, en el Brasil, y el departamento de Amambay, en el Paraguay, se destaca por el tráfico de drogas, la divisa entre Foz do Iguaçu y Ciudad del Este es la principal ruta para los productos contrabandeados. En 2016, la Receita Federal del Brasil, incautó el equivalente a US$ 67 millones en mercancías en la región de la Triple Frontera. Se estima que hay más de 300 puertos clandestinos operando en el Río Paraná, incluyendo el lago de la Usina de Itaipú. En ambos casos hay conexiones con el universo agrario.
Con el aumento en la fiscalización en el Puente de la Amistad desde 2006, buena parte del flujo de cigarrillos, drogas, armas y medicamentos ha migrado a los pequeños botes que atraviesan diariamente el río. Sin embargo, el año pasado se incautó el equivalente a US$ 4,8 millones en productos contrabandeados por el puente binacional. Entre estos productos están los agrotóxicos. Del Brasil para el Paraguay y, principalmente, del Paraguay para el Brasil.
El Paraguay se ha convertido en un laboratorio de pruebas para venenos agrícolas, como adelantamos en reportaje del eje Subimperio: “Brasileños protagonizan conflictos agrarios en el Paraguay”. Esto incluye productos prohibidos en el Brasil. En 2016, el periódico Zero Hora, de Rio Grande do Sul, transmitió una serie de reportajes mostrando la facilidad con que agrotóxicos pueden ser comprados en Ciudad del Este.
Una de las empresas visitadas por el reportero, un empleado presentó una lista especial para clientes brasileños. La lista contenía los nombres de los agrotóxicos en Paraguay con su nombre correspondiente en el Brasil. Es una forma de burlar la ley restrictiva impuesta por el Ministerio de Agricultura brasileño para la importación de insumos agrícolas. Realizadas sin la presentación de la recaudación agronómica exigida por la ley brasileña, esas ventas incluyen agrotóxicos como el Benzoato de emamectina y el Imidacloprido, que tuvieron rastros encontrados en alimentos comercializados en la Central de Abastos de Rio Grande do Sul (Ceasa), en Porto Alegre.
NEGOCIOS A LA CARTES
Pero ningún nombre brasileño puede competir en importancia con el de Horacio Cartes. Multimillonario, dueño de estancias y del mayor grupo empresarial del Paraguay, el presidente extiende sus tentáculos – según los parlamentares brasileños – por las fronteras con Mato Grosso do Sul y con el Paraná, por donde entra gran parte del contrabando de cigarrillos, medicamentos y electrónicos.
Quien dice eso es el informe final de la CPI de la Piratería – Comisión Parlamentar de Investigación realizada en 2004 por la Cámara de Diputados de Brasil para averiguar el origen de los productos contrabandeados en el país. Allí fue señalado que una de las empresas del Grupo Cartes, la Tabacalera del Este S.A. (Tabesa), mayor proveedora de cigarrillos del Paraguay, respondía al 41,9% del mercado negro de cigarrillos en el Brasil. El presidente negó las acusaciones.
Cartes era una figura secundaria en la política hasta asumir la presidencia del Paraguay en 2013, por el Partido Colorado. Al llegar al poder, él escondía un largo historial de acusaciones y procesos judiciales. Su ficha criminal fue misteriosamente perdida durante el gobierno de Nicanor Duarte (2003-2008), que tuvo su campaña electoral en gran parte financiada por el Grupo Cartes.
En 1989, Cartes pasó 60 días preso por evasión de divisas. En 1996, respondió al proceso por falsedad ideológica y estelionato. En 2000, fue acusado de homicidio culposo en un accidente de tránsito. En el mismo año se encontró un avión de matriculación brasileña con 20 kilos de cocaína y 343 kilos de marihuana prensada en la hacienda La Esperanza, de su propiedad, ubicada en el distrito de Capitán Bado, frontera con Coronel Sapucaia. Según su defensa, la aeronave hizo un aterrizaje de emergencia en el área y no había conexión con Cartes.
Cartes es uno de los mayores latifundistas del Paraguay. En el informe de Oxfam – base para la lista del observatorio sobre los mayores latifundistas brasileños en el Paraguay – el Grupo Cartes figura en el 15º lugar, con 34.400 hectáreas. Los críticos del gobierno dicen que el presidente tiene mucho más. En esa lista el conglomerado aparece con la Ganadera Chajá, en el departamento de Boquerón, y con la empresa Ka’aguy Pora S.A., en el departamento de Alto Paraguay.
Estos dos departamentos se quedan en el Chaco, la región Occidental del Paraguay, menos poblada, con mayor porcentaje de población indígena y – aún – con más bosques. La explotación en esa región, en especial la ganadería y la soja, son amenazas a la supervivencia de los pueblos indígenas que aún viven aislados en esta zona. Este será el tema del próximo eje de la serie Paraguay en la Mira: Invasores del Chaco.
ENTRE PARIENTES Y AMIGOS
En los años 1990, Cartes compró una hacienda perteneciente a Milton Machado. El brasileño era investigado por tráfico de drogas por el Departamento de Investigaciones sobre Narcóticos de Estados Unidos (DEA), después de que los aviones cargados de cocaína fueron interceptados en el lugar. Machado era amigo íntimo del dictador Alfredo Stroessner. Durante la farra con las tierras públicas promovida por el ex dictador, el brasileño recibió 49 títulos de tierras.
En 2002, Cartes compró más de 12 mil hectáreas del brasileño Fahd Jamil Georges, considerado uno de los líderes del tráfico de drogas en Pedro Juan Caballero, asociado al grupo de Fernandinho Beira-Mar. Más recientemente, en 2016, el tío del presidente, Juan Domingo Viveros Cartes, fue detenido bajo acusación de tráfico de drogas.
El Grupo Cartes reúne a 30 empresas. Nueve de ellas fueron adquiridas después de la ascensión de su dueño a la presidencia de la República del Paraguay. Además de industrias y distribuidoras de cigarrillos, Horacio Cartes posee estancias de cría de ganado, industrias de bebidas, hoteles y el tradicional club de fútbol Libertad. La empresa más célebre del grupo, sin embargo, es el Banco Amambay.
Considerado uno de los principales bancos privados del país, el Amambay fue, por muchos años, dirigido por Ramón Telmo Cartes, padre del presidente paraguayo. En 2013, una denuncia del Consorcio Internacional de Periodistas Investigativos colocó al banco en el centro de un escándalo de lavado de dinero. A través de una offshore en las Islas Cook, los dirigentes del Amambay habrían evadido más de R$ 321 millones, según estimaciones de la 2ª Vara Criminal Federal, en Curitiba.
Entre enero y noviembre de 1996, directores del banco – con la ayuda de agentes de las transportadoras de valores brasileñas TGV y Prossegur – montaron un esquema fraudulento donde vehículos blindados llevaban dinero vivo sacado en la Tesorería del Banco do Brasil en Foz do Iguaçu a la sede del Amambay, en Ciudad del Este.
Los vehículos blindados transitaron libremente por el Puente de la Amistad por 413 veces sin presentar declaración de porte de valor en especie a la Receita Federal brasileña. El dinero se envió al Amambay Trust Bank Ltd. en las Islas Cook, un banco de fachada creado para lavar el dinero procedente del tráfico fronterizo.
El Ministerio Público Federal denunció a seis ejecutivos del Banco Amambay por formación de cuadrilla y evasión de divisas. Entre ellos estaban una directora del banco, Guiomar de Gásperi Chaves, y Ramón Telmo Cartes, fallecido en 2011. Él era padre de Horacio Cartes. Los ejecutivos fueron absueltos en 2009, por falta de evidencias.
ACAPARAMIENTO DE TIERRAS Y DISPUTA CON CAMPESINOS
Guiomar de Gásperi es hija de Gustavo de Gásperi, célebre jurista paraguayo. Latifundista. Fallecido en el año 2015, recibió homenaje póstumo de la Asociación de Productores de Soja, Cereales y Oleaginosas del Paraguay (APS), que lo llamó “gran defensor de la democracia”. Pero las tierras ocupadas por la familia De Gásperi en el distrito de Capiibary, departamento de San Pedro, son objeto de una antigua disputa con movimientos campesinos
Según los líderes campesinos, las 5 mil hectáreas de la Estancia Panambí son tierras ocupadas ilegalmente desde hace más de 30 años, cuyos títulos fueron falsificados durante la dictadura de Stroessner. En su defensa, De Gásperi afirmaba que la presión de los campesinos era una venganza personal del entonces presidente Fernando Lugo (2009-2012), en virtud de sus críticas al gobierno del Frente Guazú.
En 2013, sin orden judicial, más de 400 policías invadieron el asentamiento Tapiracuái Loma, vecino de la propiedad de Gustavo De Gásperi, y desalojaron a 300 familias. Ellos destruyeron una escuela rural reconocida por el Ministerio de Educación. Algunos meses después, en enero de 2014, ocho campesinos fueron detenidos por la policía. Ellos afirman haber sido torturados.
Los líderes locales acusaron a Gustavo de Gásperi de valerse de la proximidad de su hija Guiomar con el presidente Cartes para ordenar la remoción de los campesinos que luchaban por la reforma agraria. Después de la muerte de Gustavo de Gásperi, hace dos años, la familia pasó a arrendar fragmentos de la propiedad a colonos brasileños, que ahora heredan el conflicto con los campesinos.